El Servicio Nacional de Protección Especializada aprobó 12 protocolos de actuación para el cuidado alternativo residencial. Las instrucciones buscan establecer criterios comunes para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, regular la convivencia y fortalecer la coordinación de los establecimientos con familias, tribunales y servicios públicos.
Santiago, noviembre de 2026. Un conjunto de 12 protocolos de actuación establece las responsabilidades que deben asumir los equipos de las residencias de protección infantil y adolescente en Chile, incluyendo procedimientos de ingreso, acogida, atención de salud y relacionamiento familiar.
Las disposiciones fueron aprobadas por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mediante la Resolución Exenta N.º 135/2026, del 2 de febrero de 2026.
El documento entrega orientaciones de aplicación cotidiana para las residencias de la red colaboradora y aquellas administradas directamente por el organismo estatal.
Su propósito es fortalecer las condiciones de cuidado, asegurar que las intervenciones incorporen un enfoque de derechos y establecer procedimientos para enfrentar situaciones habituales dentro de los establecimientos.
La normativa busca que la atención residencial no dependa exclusivamente de decisiones improvisadas, sino de criterios conocidos por los profesionales, los niños y sus familias.
Doce protocolos para el cuidado residencial
El documento contiene nueve protocolos relacionados directamente con la intervención y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Otros tres abordan la gestión y coordinación institucional de los establecimientos.
Entre las materias reguladas se encuentran:
- Ingreso de niños y adolescentes a una residencia.
- Acogida e integración al establecimiento.
- Encuentros familiares.
- Espacios de encuentro y convivencia.
- Asistencia a controles de salud.
- Uso de tecnología.
- Relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.
- Atención de salud de niñas y adolescentes gestantes.
- Derecho al juego y medidas de seguridad relacionadas con piscinas.
- Coordinación con tribunales de familia.
- Articulación con organizaciones y servicios locales.
- Ingreso de personas externas al establecimiento.
Las instrucciones deben ser conocidas por los equipos residenciales y aplicadas según las responsabilidades de cada integrante.
El ingreso a una residencia debe realizarse en condiciones de protección
Uno de los aspectos centrales corresponde a la forma en que los niños y adolescentes ingresan a los establecimientos.
El protocolo establece que, una vez determinada la medida de protección por el tribunal competente y asignado el cupo correspondiente, el equipo residencial debe preparar las condiciones para recibir al nuevo integrante.
Esto incluye revisar los antecedentes disponibles, organizar la acogida y disponer de un espacio adecuado según sus características y necesidades.
El documento contempla tanto ingresos programados como situaciones de urgencia.
También establece que deben verificarse necesidades básicas relacionadas con alimentación, higiene, vestuario y atención de salud.
La llegada a una residencia debe desarrollarse en un entorno seguro, respetuoso y preparado para responder a la situación emocional del niño o adolescente.
La primera acogida es una etapa fundamental
La normativa asigna especial importancia al proceso de acogida, particularmente durante el primer mes de permanencia.
Los equipos deben explicar de manera comprensible la medida de protección y proporcionar acompañamiento acorde con la etapa de desarrollo de cada niño o adolescente.
También corresponde escuchar sus inquietudes, considerar sus emociones y facilitar progresivamente su integración a la comunidad residencial.
Este enfoque reconoce que el ingreso a un establecimiento puede producirse después de experiencias complejas y separaciones familiares.
El acompañamiento debe procurar que los niños comprendan dónde se encuentran, quiénes son responsables de su cuidado y qué pueden esperar de la intervención.
Salud y seguimiento de los tratamientos
Otro protocolo regula la asistencia a controles de salud.
Las residencias deben coordinar las prestaciones que requieran los niños y adolescentes, considerando las indicaciones médicas y las necesidades particulares de cada caso.
El objetivo es mantener continuidad en los cuidados y evitar que la atención residencial se convierta en una barrera para acceder a prestaciones sanitarias.
El documento también aborda de manera específica el acceso a atención de salud de niñas y adolescentes gestantes que participan en programas residenciales.
La protección especializada debe garantizar un acompañamiento respetuoso, evitando discriminaciones y considerando las necesidades de cada persona.
La coordinación con centros de salud resulta fundamental para cumplir estas disposiciones.
Encuentros familiares y vínculos significativos
La normativa también contempla procedimientos relacionados con los encuentros familiares.
El cuidado alternativo residencial implica que un niño o adolescente permanece separado temporalmente de su entorno familiar de origen debido a una medida de protección.
Sin embargo, esa separación no significa que deban interrumpirse automáticamente todos sus vínculos personales.
Los contactos familiares deben evaluarse considerando las condiciones de seguridad, la situación particular y las decisiones judiciales correspondientes.
Los equipos residenciales deben organizar los encuentros de forma coherente con los objetivos de intervención.
El derecho a mantener vínculos significativos debe compatibilizarse siempre con la protección y el interés superior de cada niño, niña o adolescente.
Tecnología, convivencia y participación infantil
Los protocolos incorporan orientaciones sobre el uso de tecnología dentro de las residencias.
Esta materia adquiere relevancia por la importancia que tienen los dispositivos digitales en las relaciones personales, los aprendizajes y la participación social de niños y adolescentes.
La normativa también contempla espacios de encuentro y convivencia, junto con orientaciones sobre las relaciones de pareja durante la adolescencia y juventud.
Los equipos deben considerar las características de desarrollo, autonomía y necesidades de protección de quienes reciben atención.
Otro principio relevante es la participación infantil.
El documento establece que los protocolos deben explicarse a los residentes de forma comprensible y que sus opiniones y propuestas deben ser consideradas en la organización de la convivencia.
Los niños y adolescentes no son únicamente destinatarios de instrucciones: también tienen derecho a expresar su opinión sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Derecho al juego y prevención de riesgos
Una disposición específica aborda la promoción del derecho al juego y las medidas de seguridad relacionadas con piscinas en residencias de primera y segunda infancia.
El protocolo incluye la prohibición del uso de piscinas de agua en los establecimientos comprendidos por esa regulación.
La inclusión de esta materia refleja que la protección también requiere medidas preventivas frente a riesgos físicos y condiciones adecuadas para las actividades recreativas.
Garantizar el derecho al juego implica ofrecer espacios seguros y apropiados para cada etapa del desarrollo.
Coordinación con tribunales e instituciones locales
Los tres protocolos de gestión residencial incluyen la relación con tribunales competentes en materias de familia, la articulación con organizaciones e instituciones locales y el ingreso de personas no vinculadas a las intervenciones.
Estas instrucciones buscan establecer responsabilidades para la dirección y los equipos de cada establecimiento.
El documento subraya la necesidad de mantener coordinación con programas de protección especializada, centros de salud, establecimientos educacionales, tribunales y otras instituciones.
La información y las decisiones deben gestionarse respetando los derechos de niños y adolescentes.
La protección residencial no puede depender de una institución aislada: requiere colaboración entre los organismos que intervienen en cada caso.
¿Quién debe asegurar que se cumplan los protocolos?
La resolución establece responsabilidades para quienes dirigen las residencias y para los integrantes de sus equipos.
Cada director o directora debe velar por el cumplimiento de las instrucciones y organizar las tareas de acuerdo con las funciones profesionales correspondientes.
Los procedimientos deben incorporarse al trabajo cotidiano y a las reuniones técnicas.
También corresponde procurar que niños, adolescentes y familias conozcan las normas que afectan su participación en el establecimiento.
El documento constituye un marco de actuación institucional, pero su aprobación no demuestra por sí sola que todos los establecimientos lo estén aplicando correctamente.
Para evaluar el cumplimiento efectivo se requieren antecedentes de supervisión, seguimiento y fiscalización.
Un desafío para la transparencia del sistema residencial
La existencia de protocolos comunes representa un elemento relevante para establecer criterios de atención y responsabilidades institucionales.
Sin embargo, su efectividad dependerá de las condiciones reales de funcionamiento de cada residencia.
La disponibilidad de profesionales, la formación de los equipos y la coordinación con servicios públicos resultan fundamentales.
Asimismo, es necesario contar con mecanismos de supervisión que permitan identificar dificultades y corregir incumplimientos.
La existencia de normas es importante, pero la protección efectiva debe evaluarse a partir de su aplicación cotidiana y de sus resultados en la vida de los niños y adolescentes.
Conclusión: el cuidado residencial requiere reglas y supervisión
Los 12 protocolos aprobados por el Servicio Nacional de Protección Especializada establecen criterios para organizar diferentes dimensiones del cuidado residencial en Chile.
Sus disposiciones abarcan desde el ingreso y la acogida hasta la salud, los vínculos familiares, la convivencia y la coordinación institucional.
El documento reconoce la importancia de escuchar a niños y adolescentes, preparar adecuadamente a los equipos y desarrollar intervenciones respetuosas de sus derechos.
El desafío será verificar que estas instrucciones se apliquen efectivamente en las residencias y contribuyan a proporcionar entornos seguros, protectores y adecuados para cada niño, niña y adolescente.
La supervisión institucional y la transparencia sobre su cumplimiento serán fundamentales para evaluar los resultados de este marco normativo.
Documento oficial consultado
Descargar los 12 protocolos de actuación residencial — Resolución 135/2026